MECANISMOS JUDICIALES DE PARTICIPACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL


ACCIÓN DE TUTELA


La acción de tutela es un mecanismo de participación consagrado por la Constitución, cuyo objetivo es proteger los derechos fundamentales, es decir, aquellos que son inherentes a la persona humana y prevalecen frente a cualquier norma con la que se pretenda desconocerlos. Algunos de estos derechos son: el derecho a la igualdad, a la intimidad, al trabajo o a un ambiente sano, por mencionar los principales.

¿Cómo se ejerce la acción de tutela?

Este es un recurso muy sencillo y rápido que le permite a cualquier persona acudir ante un juez, por si misma o a través de un representante, para `pedir que se le garanticen los derechos fundamentales que hayan sido vulnerados por una acción u omisión de cualquier autoridad pública o por particular. La acción se presenta en cualquier momento, ante el juez que ejerce jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos, y la solicitud puede hacerse verbalmente o por escrito.

El juez cuneta con diez días para dar un fallo, el cual puede impugnarse ante el superior, quien a su vez cuenta con veinte días para dar el fallo. La decisión final puede ser revisada por la Corte Constitucional. El cumplimiento de este fallo es de carácter obligatorio, si pasadas 48 horas no se hiciera efectivo, el juez iniciará procedimiento disciplinario y si persiste el incumplimiento, el juez tomará las medidas necesarias para hacerlo cumplir, en algunos casos debiendo incluso responder penalmente.


¿Como se presenta la acción de tutela en los derechos ambientales?

La Constitución Política Colombina consagra en su artículo 79 el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, por lo cual se establecen mecanismo de protección las acciones populares. Sin embargo, mediante la tutela se logra la protección del derecho a un medio ambiente sano, cuando este derecho se encuentra ligado con un derecho fundamental como la vida, la salud o la integridad física. La tutela ambiental requiere que exista un nexo entre la violación del derecho colectivo y la violación del derecho fundamental. Se requiere además, que exista la prueba concreta del perjuicio que una acción u omisión del Estado o de los particulares pueda causar a un grupo de personas o una persona en particular.