Algunos interrogantes generales sobre la democracia
y su implementación en el caso Colombiano
Luego de estudiar los mecanismos de participación de la Ley 134 de 1994
en confrontación con el esquema de democracia participativa propuesto
por la Carta Política del 91, surgen una serie de inquietudes y cuestionamientos
más generales en torno a estos asuntos. Se procede a formular algunas
de esas reflexiones generales, no con el propósito de dejar resueltos
los interrogantes que puedan surgir, sino de abrir un espacio de discusión
en torno a estos interesantes temas.
Hablar de participación ciudadana en el marco del Estado colombiano conduce
a analizar con sentido crítico la verdadera vigencia del esquema democrático
que la Carta Constitucional postula. En efecto, es muy sencillo y a la vez muy
útil para un sistema presentarse como democrático, para lo cual
pueden usarse los más diversos instrumentos y uno de ellos es precisamente
el derecho. Sin embargo, tal consagración no garantiza per se, la vigencia
efectiva de aquello que en los textos se postula.
De otro lado, tampoco sería dable negar rotundamente la existencia de
formas específicas de democracia que, a su manera, operan y por supuesto
no carecen de importancia.
En el caso colombiano, muy especialmente en los últimos años,
hemos venido presenciando un creciente interés en torno a una supuesta
reivindicación de los Principios democráticos; tal expresión
fue evidente en la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, parece difícil
alcanzar estos propósitos cuando se evidencia que en contextos como el
nuestro no se dan los elementos mínimos que constituyen presupuestos
necesarios para poder hablar de una democracia.
Así por ejemplo, si se piensa en las difíciles condiciones económicas
del país y en la implementación de políticas que pueden
eventualmente generar más exclusión, resultaría difícil
negar el contexto internacional en el cual surge la Carta del 91 y la orientación
neoliberal que inspira varios de sus postulados, mientras que paralelemente,
se consagra el modelo de "Estado Social de Derecho". Todo ello conduce
a formular el siguiente interrogante: ¿Acaso los conceptos de democracia
participativa, Estado Social de Derecho, etc. podrán ser utilizados para
tratar de legitimar el sistema político y económico vigente?
En directa relación con lo anterior, se encuentra el problema de la privatización
de lo público, asunto que tal vez no sea totalmente ajeno al modelo de
democracia participativa, sobre todo si se piensa ¿qué hay detrás
de este cúmulo de normas de participación ciudadana, difícilmente
aplicables pero que fácilmente generan adhesión en torno al sistema
que pretenden legitimar?
Lo anterior pone en evidencia el error en el cual se incurre cuando se pretende
asumir la democracia como un fin en sí mismo, posición que llevaría
a admitir en forma acrítica todo aquello que se pretenda imponer en nombre
suyo.
Las normas sobre participación parecieran mirar al ciudadano entendido
sólo como elector, sin importar para nada la persona y sus necesidades,
sin implementar unas políticas sociales que respondan a las exigencias
del país, etc. La existencia de una sociedad integrada por seres humanos
viviendo en condiciones dignas parece ser presupuesto necesario para afirmar
la existencia de un sistema de democracia participativa1 . De otro
modo la implementación de normas como las que regulan la participación
ciudadana seguirán cumpliendo ante todo una función simbólica,
pero no abren los espacios de participación que se requieren.
Como ejemplo de lo anterior bien podemos recordar lo acontecido una vez entra
en auge la idea de participación, con lo cual comienzan a exaltarse experiencias
comunitarias de personas que se han tenido que unir para resolver sus necesidades
más esenciales ante la falta de presencia estatal. Este tipo de eventos
suelen ser mostrados como experiencias exitosas en términos de participación,
y muy probablemente lo sean. Pero surge la pregunta: ¿se trata de una
participación al servicio de quién?, ¿a qué modelo
favorece la participación así entendida?
Para dar respuesta a esta inquietud podemos acudir a la orientación que
ofrece María Teresa Uribe de Hincapié cuando plantea que existe
"una coincidencia paradójica, que no deja de sorprender, entre las
tesis neoliberales que propugnan por ''menos Estado'' y las tesis esgrimidas
desde la izquierda que redefinen el imaginario de la democracia cimentándolo
en la sociedad civil, la autogestión de las comunidades y la ciudadanía
participativa [
]2"
Así pues, ¿no será que la participación ciudadana
eventualmente deviene funcional al neoliberalismo? Tal parece ser la conclusión
a la cual se llega, pues con fundamento en el discurso de la participación
puede ocurrir que ciertas omisiones estatales no sólo persistan sino
que se hagan justificables argumentando que es la comunidad quien debe resolver
tales asuntos mediante la participación.
Ahora bien, más que llegar a un radical cuestionamiento de la idea de
participación, conviene incorporar una perspectiva analítica que
ayude a descifrar el por qué de la existencia de este modelo democrático
participativo.
Arend Lijphart3 alude a la efectividad de un sistema democrático
y su relación con la gobernabilidad, la búsqueda de legitimidad,
etc, aporte teórico que remitiría a pensar que la lectura de los
mecanismos de participación ciudadana no tiene que ser necesariamente
hecha en términos de ineficacia o desfase entre el deber ser de la norma
y la realidad. Quizá lo que acontece es que dicho esquema, lejos de carecer
de eficacia, la tiene en alto grado, aunque se trata de otro tipo de eficacia
en virtud de la cual los mecanismos de participación logran crear una
sensación de respuesta frente a las expectativas de los ciudadanos, lo
que resulta determinante para un sistema que aspire alcanzar niveles adecuados
de gobernabilidad y legitimidad.
Así las cosas, lejos de hablar de fracaso en los mecanismos de participación,
democracia deficitaria, etc, desde esta línea de análisis habría
que concluir que mediante tales instrumentos participativos se busca la obtención
de los propósitos que autores como Lijphart consideran esenciales para
un sistema democrático que no sea inepto. Así, ante una demanda
de mayores espacios de participación, se exhiben mecanismos que simbólicamente
hacen pensar que se van creando dichos espacios e independientemente de que
ello se logre de manera mínima, parcial, o total, lo principal es otra
cuestión: los efectos que genera el hecho mismo de crear esa representación,
esa sensación de democracia participativa; ello propiciaría las
condiciones que permitan una mayor gobernabilidad -la cual se encuentra emparentada
con las viejas y nuevas relaciones que se establecen entre el Estado y la sociedad
e implica elementos tales como unas capacidades mínimas de gestión
eficaz, logro de cierto consenso, etc.
En suma, esta visión de Lijphart integra una serie de elementos de análisis
que por los efectos que implica no debe desestimarse cuando se aborda un estudio
sobre el problema de la democracia participativa en Colombia.
Los planteamientos presentados tienen el propósito de contribuir e invitar
a la discusión en torno a estos temas, cuyo debate permanente parece
condición inherente al ejercicio mismo de la ciudadanía.
1 -Esto remite a pensar en otro punto estrechamente
ligado y es el concepto de ciudadano. El ciudadano visto desde una perspectiva
ética, haciendo que no se dejen de lado los elementos relacionados
con lo político, lo económico, etc, punto este en el cual son
bastante pertinentes los planteamientos de Adela Cortina, Ciudadanos del
mundo: Hacia una teoría de la ciudadanía, Madrid, Alianza,
2 ed, 1998.
2
-María Teresa Uribe de Hincapié, "El malestar con
la representación política en la Colombia de hoy", Estudios
Políticos, (6), Medellín, jul., 1995, p.11.
En la misma línea, Juan Fernando Londoño afirma: "La generalización
de la democracia como modelo político desde la década pasada
ha estado acompañada por la universalización del paradigma neoliberal"
(Juan Fernando Londoño, "Aproximación a la democracia participativa",
en: Juan Fernando Londoño et al, Sociedad civil, control social
y democracia participativa, Op. Cit., p.15) .
3 -Arend Lijphart, Democracia
en las sociedades plurales: Una investigación comparativa, traducción
de Susana Serdán V., México, Prisma, 1988.
Algunos interrogantes